Campolitoral | [email protected]
Los fiscales Leandro Lazzarini y Guillermo Persello les atribuyeron la coautoría de los delitos mencionados al presidente y vice de la firma Los Cerrillos. Los daños se produjeron a raíz de la construcción sin autorización de terraplenes, canales de riego y un canal de derivación sobre la cuenca del arroyo Saladillo Dulce.
Campolitoral | [email protected]
Los propietarios de una firma arrocera santafesina fueron imputados por los delitos de estrago doloso, daño calificado y daño simple, en el marco de un proceso que se inició tras el derrumbe de una alcantarilla y el corte de la ruta provincial N°1 en el kilómetro 190 tras las intensas lluvias ocurridas en el mes de enero.
En una audiencia realizada el viernes en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los fiscales Leandro Lazzarini y Guillermo Persello les atribuyeron la coautoría de los delitos mencionados al presidente y vice de la firma Los Cerrillos, dos hombres de 66 y 62 años cuyas iniciales son RAC y RFC, quienes transitarán el proceso en libertad.
La imputación se produjo en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscalía de Delitos Complejos del MPA por la destrucción de un tramo de la ruta provincial número 1 a la altura del kilómetro 190, en jurisdicción de Colonia Teresa (departamento San Javier).
Los daños se produjeron a raíz de la construcción sin autorización de terraplenes, canales de riego y un canal de derivación sobre la cuenca del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación.
“De la investigación se desprende que se construyeron terraplenes de forma irregular y sin la autorización correspondiente, que rodearon un predio de explotación arrocera que es propiedad de los dos imputados y que pertenece a una empresa de la cual los dos hombres son presidente y vicepresidente, respectivamente”, informaron los fiscales. “Los terraplenes tenían más de seis kilómetros de extensión y más de dos metros de altura”, precisaron.
Los funcionarios del MPA indicaron que “también construyeron canales de riego y desagüe que fueron conectados un canal de derivación de aproximadamente tres kilómetros de longitud que desemboca en la cuneta oeste de la ruta 1”. En tal sentido, hicieron hincapié en que “ninguna de estas obras, cuya construcción comenzó en 2007, tenía la autorización de los organismos públicos competentes”.
Lazzarini y Persello informaron que ‘previo a la audiencia imputativa, se practicaron diversas diligencias de investigación que incluyeron el uso de drones para obtener imágenes y vistas fotográficas‘.
“La infraestructura irregular que se desarrolló para proteger el predio arrocero, obstruyó el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación. De esta manera, se generó la desviación antrópica de los caudales de agua hacia el río San Javier”, explicaron.
Los funcionarios del MPA agregaron que “a raíz de las obras realizadas, durante enero de este año, se generó un endicamiento de las aguas al norte de los terraplenes. Esto provocó que el agua que llegó a la alcantarilla ubicada sobre el kilómetro 190 de la ruta superó ampliamente su capacidad y produjo su derrumbe y el de un tramo de la propia ruta”.
Por último, los fiscales explicaron que “los terraplenes, canales y desagües que construyeron los imputados también hicieron peligrar el casco urbano de la localidad de Colonia Teresa, inundaron los campos ubicados al norte del terraplén y produjeron daños materiales en otro inmueble de la zona”.