Ignacio Pellizzón | [email protected]
Los créditos hipotecarios en Unidad de Valor Adquisitivo parecían ser la panacea, pero la brecha entre el salario y el incremento inflacionario -por el que se rigen los UVA- se va ampliando cada vez más, al punto de empezar a ser un dolor de cabeza estar al día con la cuota.
Ignacio Pellizzón | [email protected]
El hecho de adquirir un crédito para comprar una vivienda (dolarizada) es cada vez más complejo. Con la megadevaluación que hubo en 2018 y la inflación que rozó el 50 %, la mayoría de los adjudicatarios de los préstamos quedaron en offside a la hora de recibir los pesos con los que pretendía igualar el costo en dólares de la vivienda, sencillamente porque no les alcanzaban.
El UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) comenzó cotizando en enero de 2018 a $ 21,15 y terminó el año en $ 31,06, es decir que sufrió un incremento del 46 %, mientras que los salarios no aumentaron en el mismo porcentaje, por ende, aquel que obtuvo el préstamo en enero por un monto de un millón de pesos, por ejemplo, culminó el año debiendo 1, 5 millones de pesos. Esto derivó en que la cuota mensual se vaya encareciendo al punto de ser cada vez más complicado estar al día con el pago.
De un modo más gráfico: quien pidió un préstamo por 102.900 dólares en junio pasado (unos 2,9 millones de pesos de entonces) la cuota inicial de 19.237 ya se le transformó en una de 25.159 pesos, casi 6 mil más. Del mismo modo, durante los últimos 12 meses, pagos de 7.600 saltaron a casi 11.200, los de 10 mil pesos se fueron ya a 14.750 mil, y los de 15 mil, a más de 22.100 pesos.
Morosos complicados
En la Secretaría de Vivienda de la Nación calculan que alrededor de 30 mil deudores -sobre más de 130 mil préstamos- habrían quedado a fines de 2018 en condiciones de activar la “cláusula gatillo” que el sistema UVA prevé para aliviar las cuotas en períodos como el actual.
Se trata de que todos los créditos UVA que, desde el inicio de las cuotas subieron 10 puntos porcentuales más que lo que habrían aumentado al ajustarse según el Coeficiente de Variación Salarial del Indec (inflación), el cliente puede pedir que le recalculen los pagos con un plazo hasta 25 % mayor: por ejemplo, pasar de 20 años a 25, o de 30 a 37, lo que rebaja un poco los montos, aunque en algunos casos de manera poco significativa. Esto se puede hacer sólo una vez a lo largo de toda la vida del préstamo.
“Los créditos han sufrido los avatares de la economía argentina”, afirmó a El Litoral el economista Alejandro Bonalumi. “El grave problema que se sufrió tiene que ver con aquellos que terminaron el año con un préstamo otorgado y al recibir los pesos quedaron distorsionados en relación al costo del inmueble a comprar, producto de los tiempos de la burocracia entre la solicitud del empréstito y la entrega física del mismo”.
Como alternativa, en octubre se sumó un sistema que le pone un tope a las cuotas, para que nunca sean más de un 10% mayores al valor que tendrían si se hubiesen ajustado con el índice de salarios. Así se logra un techo a las subas sin ampliar el plazo, pero lo que deja de pagarse se compensará con cuotas más altas en futuros años de bonanza, en los que los sueldos le ganen a la inflación (como había sucedido en 2017). Y por ahora, sólo los bancos públicos planean tener disponible este recurso, no los privados.
Riesgo de burbuja
“La burbuja se puede dar si hay una gran demanda con una alta inconsistencia en relación a la capacidad de pago de la gente, lo cual produciría que se caigan los créditos”, explicó Bonalumi y agregó: “El 2018 dejó en evidencia que tomar un crédito ajustado por inflación es un gran problema, pese a que sea una medida exitosa en otros países con estabilidad económica, algo que Argentina no tiene”.
Por ahora, pese a los aumentos, el Banco Central registra que casi no hay clientes que hayan dejado de pagar (la tasa de morosidad está en 0,2%). Pero la situación causa una creciente inquietud entre los deudores, que hasta empezaron a organizarse por redes sociales en distintas ciudades para reclamar soluciones.
Ante la Defensoría
Representantes de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y de la delegación Rosario de la Defensoría del Pueblo de la Nación recibieron este viernes a un grupo de tomadores de créditos hipotecarios UVA, quienes explicaron los inconvenientes que sufren a la hora de afrontar las cuotas de los préstamos por los fuertes incrementos experimentados recientemente.
Los afectados explicaron durante la reunión llevada adelante en la sede de la Defensoría en Rosario (pasaje Álvarez 1516) que, ante el aumento de los montos, la solución que otorga la ley consiste en extender el plazo por un 25 por ciento del tiempo originario, pero destacaron que actualmente eso implicaría sólo una disminución del 15 por ciento del valor de las cuotas, debiendo ellos afrontar los costos de la modificación de la hipoteca. Adujeron que ese beneficio se licuaría en el corto plazo y, como son deudas tomadas apenas hace 1 ó 2 años y tienen un plazo de 20 ó 25 años, no creen que sea ahora una posibilidad a considerar.
Asimismo, expresaron su preocupación por la posibilidad de que los bancos puedan vender las hipotecas, según se había anunciado oficialmente. Actualmente, según la información de que disponen, el 50 por ciento de los créditos hipotecarios que se actualizan a través de la Unidad de Valor Adquisitivo está en manos del Banco Nación.
Entre las medidas a adoptar en el corto plazo, los tomadores de créditos indicaron que en una primera instancia presentarán notas individuales y/o colectivas a los bancos donde tienen sus créditos solicitando la reformulación del cálculo de las cuotas por la imposibilidad de afrontar las mismas en las condiciones actuales y anticiparon que luego presentarán en la Defensoría del Pueblo copia de todos los antecedentes.
Por su parte, el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, se comprometió a trasladar este tema, que afecta a miles de personas en todo el país, a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), para ser tratado en el marco de esa organización, tal como se hizo recientemente con el caso de los contratantes de planes de ahorro para cero kilómetros. Explicó que, de esa manera, podrán llevarse a cabo gestiones conjuntas antes las autoridades competentes y legisladores nacionales a los fines de avanzar en la modificación del mecanismo de actualización de las cuotas.