La Unión Industrial Argentina pidió al gobierno nacional que incluya en el temario a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional el proyecto oficial de ley de Promoción de Inversiones y Empleo anunciado por el entonces secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, hoy titular del ARCA (ex AFIP), durante la la Conferencia Industrial que se desarrolló el 26 de noviembre.
El pedido salió de la reunión de la Junta Ejecutiva de la entidad de este martes, donde también se pusieron a disposición de los poderes Ejecutivo y Legislativo para avanzar en propuestas que mejoren el proyecto y garanticen su aprobación y representación de todos los sectores industriales.
La Ley de Promoción de Inversiones y Empleo tiene por objetivo facilitar e impulsar el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas (especialmente PyMEs), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral, según la información difundida por el gobierno nacional.
La iniciativa, reclamada desde hace meses por industriales, sobre todo pymes, complementa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y está pensada especialmente para medianas inversiones de acuerdo a las capacidades de cada uno de los segmentos de una empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande.
El proyecto incluye beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros beneficios para inversiones que superen el umbral de los 150 mil dólares en el caso de las empresas micro; 600 mil dólares en las pequeñas; 3,5 millones de dólares en las empresas del tramo 1; 9 millones de dólares en las empresas del tramo 2: y 30 millones en el resto.
A su vez, en lo relacionado al régimen laboral y el fomento al empleo formal, la iniciativa contempla la actualización laboral de la Ley de Contrato de Trabajo según está contemplado en el DNU 70/23 y de la modernización del Régimen de Trabajo Agrario, al tiempo que prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales, y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.
En la reunión que se desarrolló en la sede de la entidad los industriales expresaron preocupación por el impacto negativo de la apertura importadora en la actividad industrial y el empleo, al tiempo que coincidieron en que #la apertura comercial debe desarrollarse secuencialmente con una agenda de mejora de la competitividad, de baja del costo argentino y potenciando las cadenas de valor industriales frente a la competencia desleal, en particular de Asia". En en sentido enfatizaron que desde abril de 2023 ya se perdieron 30 mil empleos industriales en el país.
Competitividad
Por otro lado, los industriales presentaron el informe "Presión tributaria, saldos a favor y problemas de competitividad", un trabajo elaborado por el departamento de Política Tributaria de UIA que analiza cómo la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, en este caso de las empresas manufactureras, viene impactando en el desempeño de las empresas.
"La superposición tributaria se da en los tres niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal-, agravada por la acumulación de saldos a favor de impuestos nacionales y provinciales", dice el informe, según difundió la UIA, al tiempo que detalla que, a nivel nacional, "dos de cada tres empresas acumulan saldos a favor equivalentes a más de un mes de sus obligaciones mensuales de IVA; a nivel provincial el saldo a favor promedio de Ingresos Brutos durante 2024 alcanza los $526 millones -el 40% del saldo responde a provincias donde las empresas no tienen establecimientos-; y en el caso de los municipios generan una doble imposición que no tiene contraprestación y carece de proporcionalidad con el servicio otorgado".
El documento de la UIA propone, entre otras soluciones, "crear una Cuenta Única Tributaria que permita la devolución de saldos en forma ágil o su utilización para compensar otras obligaciones; la revisión del diseño de los regímenes de recaudación, eximiendo a las PyMEs para evitar que sean agentes de retención y percepción de impuestos; la generación de un consenso fiscal entre los tres niveles de gobierno que permita generar estabilidad fiscal y eliminar los saldos a favor".
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