El Gobierno de Uruguay designó este jueves como canciller interino a Diego Escuder tras la renuncia de Francisco Bustillo, pero aun así crecieron los reclamos de la oposición y hasta de parte del propio oficialismo para que el escándalo generado por el ocultamiento de información a la Justicia en el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset no se cierre con esa única variante. El opositor Frente Amplio (FA), Cabildo Abierto (CA), socio del gobierno en la alianza oficialista y hasta sectores internos del propio Partido Nacional del presidente Luis Lacalle Pou pretenden la salida del cargo de otros responsables de las maniobras y, además, explicaciones del mandatario, que está en el exterior.
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La vice a cargo del Ejecutivo -por el viaje de Lacalle Pou a Estados Unidos-, Beatriz Argimón, aceptó la renuncia de Bustillo y designó como nuevo canciller a Escuder, quien se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de ratificar en el cargo al subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni.
En principio, Escuder -diplomático de carrera con un posgrado en la universidad argentina del Salvador- asumió solo un interinato, hasta que se elija a quien ocupará la Cancillería, pero fuera de esa formalidad, el Gobierno mantiene un frente abierto.
El caso estalló después de que la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache entregara ayer a la Fiscalía unos chats que cruzó con Bustillo, en los que este le sugería que "pierda" el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo a Marset.
Además, Ache aportó a la Justicia documentación para probar que el asesor presidencial Roberto Lafluf destruyó un acta notarial de la Cancillería que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que esos mensajes no estaban en su celular.
El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, partido de ultraderecha que integra la alianza oficialista, consideró que el presidente debe dar explicaciones por el accionar de Lafluf, directamente involucrado en el escándalo.
"Entra un nuevo elemento que es Presidencia de la República, porque claramente el señor Lafluf, por lo menos por lo que uno tiene derecho a creer, no actúa por cuenta propia cuando convoca a esa reunión y cuando pide que alguna documentación se adultere", dijo el general retirado a la televisión uruguaya, en declaraciones recogidas por La Diaria.
Y remarcó que "esto no se soluciona solo con la renuncia de Bustillo", sino que "acá tiene que haber más remociones, más decisiones y con celeridad".
Ante la consulta sobre si Cabildo Abierto consideraría irse de la coalición de Gobierno, dijo que "están todas las opciones encima de la mesa".
"Cabildo Abierto esperará a conocer las explicaciones y las decisiones del presidente, así como también el descargo de Bustillo el viernes y luego tomaremos una decisión", añadió. La fuerza ya amagó en otras ocasiones con dejar la alianza, pero siempre decidió quedarse.
Diarios montevideanos citaron fuentes oficiales para asegurar que aun desde adentro mismo del Partido Nacional se reclamaron otros cambios en el equipo de gobierno.
Después de que trascendieran las declaraciones de Ache ante la Fiscalía, el Frente Amplio había reclamado la renuncia de Bustillo, así como del ministro del Interior, Luis Heber, y de Lafluf, y este jueves algunos de sus dirigentes insistieron en demandar más salidas.
El presidente del FA, Fernando Pereira, consideró ayer que a Bustillo deberían sumársele Heber y Maciel y pidió que "Lafluf no permanezca ni un minuto más en la asesoría del presidente", por estos "hechos" que son "de una enorme gravedad y también de una enorme oscuridad".
"Hace mucho tiempo que el Frente Amplio viene diciendo que tanto Bustillo como el ministro Heber deberían haber sido removidos de sus cargos", recordó Pereira,
El político frenteamplista descartó por el momento que se esté considerando pedir un juicio político a Lacalle Pou, pero dijo que la alianza espera que el Gobierno "tome las medidas adecuadas para garantizar la institucionalidad" y que el mandatario regrese "lo antes posible" de Estados Unidos, donde viajó esta semana para participar de una cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) organizada por el presidente Joe Biden.
El senador Mario Bergara también pidió que el mandatario cambie "a la cúpula de los dos Ministerios", en referencia a la Cancillería e Interior, "que se haga cargo y cambie la actitud política".
"La cosa es más escandalosa de lo que venía siendo, se mintió al Parlamento y a la Justicia", se quejó Bergara
Y la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial, Carolina Cosse, ironizó con que "no se perdió un celular, sino la vergüenza", y reclamó que "cada uno de los implicados" en "esta trama" asuma las responsabilidades.
"Cada día que pasa surge un nuevo hecho escandaloso en el gobierno. Es muy preocupante la situación", expresó.
Prófugo
La polémica entrega del pasaporte uruguayo a Marset ya había golpeado el año pasado al Gobierno de Lacalle Pou y derivó en ese momento en la destitución de un funcionario de la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Marset, prófugo de la Justicia e involucrado en el tráfico de cocaína en la región, recibió en 2021 un pasaporte uruguayo a través de un proceso exprés mientras estaba detenido en Dubai por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso.
En agosto último, logró escapar de un operativo policial en Bolivia, donde se investiga ahora si tuvo ayuda policial y de funcionarios.
Mirá tambiénBuscan en Bolivia al capo narco uruguayo involucrado en el crimen del fiscal PecciEn Paraguay se sospecha, además, que puede tener relación con el asesinato, en mayo del año pasado, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue atacado a tiros en una playa de Cartagena, Colombia, durante su luna de miel.
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