"El juez está listo para realizar la audiencia desde hoy si es posible", informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, en declaraciones a reporteros a propósito de la orden de captura emitida contra Hernández.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras emitió una orden de detención contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) para que asista a una audiencia sobre su extradición a Estados Unidos, donde es reclamado por cargos de narcotráfico.
"El juez está listo para realizar la audiencia desde hoy si es posible", informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, en declaraciones a reporteros a propósito de la orden de captura emitida contra Hernández.
La cancillería de Honduras anunció el 14 de febrero que el Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Hernández por sus vínculos con el narcotráfico, y aunque el exmandatario prometió colaborar con la justicia, su residencia en el exclusivo barrio de San Ignacio, Tegucigalpa, permanece custodiada por militares desde la pasada madrugada.
El propio Hernández, quien goza de fueros como diputado del Parlamento Centroamericano, confirmó en redes sociales que estaba listo para colaborar y acudir ante el juez que designe la Corte para enfrentar la situación y defenderse.
Washington reveló la semana pasada que Hernández había sido incluido en 2021 en una lista de "actores corruptos y antidemocráticos" y anunció que su país revocaba el visado de ingreso del expresidente, señalado por acciones de corrupción.
El Departamento de Estado de EEUU publicó el lunes 7 de febrero un comunicado en su sitio web en el que acusaba a Hernández de estar involucrado en una "corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas".
Hernández concluyó su mando presidencial el 27 de enero, cuando asumió Xiomara Castro, y casi de inmediato fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, lo cual le confiere inmunidad ante posibles procesos penales.