El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves nuevas sanciones contra el gobierno cubano, específicamente para el ministro de Defensa (Álvaro López Miera) y la llamada Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (más conocidos como los Boinas Negras), por "la represión de las protestas prodemocráticas pacíficas en Cuba que empezaron el 11 de julio". La medida fue rechazada inmediatamente y repudiada por las autoridades en la isla.
"Rechazo las infundadas y calumniosas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Álvaro López Miera y la Brigada Especial Nacional. Estados Unidos debería aplicarse a sí mismo la Ley Global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en 2020", respondió por Twitter el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en referencia a la ley contra la represión en que se basan las sanciones estadounidenses contra las autoridades cubanas.
Al anunciar las sanciones, el presidente Biden fue tajante en su posición hacia el gobierno cubano: "De manera inequívoca condeno las detenciones masivas y los falsos juicios que injustamente condenan a prisión a aquellos que se atreven a hablar en un esfuerzo por intimidar y amenazar al pueblo cubano para que se mantenga en silencio".
"El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y la protesta pacífica que cualquier otro pueblo. Esto es solo el comienzo; Estados Unidos continuará sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano", agregó Biden.
Por otra parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, defendió las nuevas medidas, prometió que su cartera "continuará ejecutando las sanciones vinculadas a Cuba" y argumentó que el objetivo es "apoyar al pueblo de Cuba en su búsqueda de democracia y ayuda frente al régimen cubano", según publicó la cartera en su página web.
Este mes, la isla fue sacudida por protestas como no se veían desde hacía casi tres décadas, cuando el país atravesaba el llamado Período Especial, su peor momento económico tras la caída de la Unión Soviética, su principal aliado y sostén comercial hasta entonces.
El gobierno cubano adjudicó las protestas a acciones conspirativas desde Estados Unidos, pero también reconoció la difícil situación económica como resultado de un cóctel explosivo: el embargo comercial norteamericano, las restricciones a las remesas enviadas desde el exterior y los perjuicios causados por la pandemia, básicamente por la caída de ingresos por turismo.
Las protestas y las denuncias de la oposición de cientos de detenciones reavivaron la confrontación con el gobierno estadounidense, que entonces no había tenido a Cuba entre sus prioridades.
En los últimos días, el gobierno cubano aprovechó la renovada atención de la Casa Blanca para pedir que se levanten las sanciones impuestas en la era de Donald Trump, como Biden había prometido en campaña, especialmente la eliminación del tope y las limitaciones a las remesas, la reactivación de las visas de reunificación familiar y de los viajes a la isla.
El gobierno de Biden respondió que está "revisando la política hacia Cuba" y, aunque dijo que analiza posibles cambios para mejorar la situación humanitaria de la isla, el primer anuncio concreto fueron estas nuevas sanciones. Por eso mismo, el canciller Rodríguez volvió a acusar a Estados Unidos de un doble discurso humanitario.
"Si al gobierno de Estados Unidos le preocupara el bienestar del pueblo cubano pondría fin al bloqueo con que intenta asfixiarnos, a las acciones ilegales de injerencia en los asuntos internos de Cuba y a las campañas de desinformación para justificar con mentiras sus medidas de agresión", aseguró Rodríguez.