La decisión fue tomada por la sala primera del tribunal de apelaciones, que con su fallo le dio la razón a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien la excluyó en diciembre pasado del informe realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Dajudeco), a pedido del fiscal Franco Picardi.
"La medida impulsa una concreta amenaza para todos los individuos a expresar -en libertad- lo que piensan, contrariando los principios fundamentales que deben regir en un estado de derecho, exportando en forma implícita un mensaje peligrosamente censurador a la sociedad en general ante la posibilidad de que sus manifestaciones puedan llegar a ser sometidas al control y castigo del poder punitivo estatal", sostuvieron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
En la causa se investiga si durante el Gobierno de Mauricio Macri se activó una "mesa judicial", integrada por funcionarios y operadores, dedicada a presionar sobre jueces que tenían causas de interés para el Poder Ejecutivo o sobre alguno de sus miembros.
En relación al objeto de la causa, y a pesar de haber confirmado la exclusión del informe que había sido cuestionado por el exministro de Justicia Germán Garavano y por la exdiputada Elisa Carrió, los jueces de la Cámara Federal resaltaron que existen otras vías para poder avanzar con la investigación.
"Del análisis de las actuaciones y específicamente del auto que ordena la medida, no se desprende que esta resulte ser la única y exclusiva fuente para arribar a una hipótesis criminal concreta (trasladada en un acontecimiento histórico con relevancia jurídico penal), cuando de la prevención del Ministerio Público Fiscal surge que las presuntas amenazas investigadas habrían sido consumadas a través de diversos medios (visitas personales, denuncias, comunicaciones telefónicas), permitiendo ello la adopción de diligencias probatoria alternativas, menos lesivas a la analizada en esta incidencia y mucho más específicas para acreditar los extremos de la hipótesis que el fiscal pretenda sostener", remarcaron.
La medida impulsada por la fiscalía tenía por objetivo determinar si la llamada "mesa judicial" del Gobierno de Macri desplegó una estrategia comunicacional destinada a influir de forma indebida sobre jueces y fiscales a través de expresiones en redes sociales y declaraciones públicas.
El fiscal había dispuesto la medida luego de que distintos magistrados declararan, en calidad de testigos, que la presión que ejercía sobre ellos la denominada mesa judicial incluía denuncias penales, presentaciones ante el Consejo de la Magistratura y hostigamiento a través de publicaciones en redes sociales y medios tradicionales de comunicación.