Tras el último acuerdo de ministros del 2021, celebrado el pasado 28 de diciembre, la Corte Suprema cerró el año con el dictado de un total de 8358 sentencias y habiendo fallado en 21.053 causas. De esas causas, 6270 fueron de temas previsionales (29,7%), 4743 de materia penal (22,5%), 4391 de administrativo (20,8%) y 1975 de temas tributarios y bancarios (9,3%).
En promedio, el Máximo Tribunal falló en casi 2000 causas por mes, con un pico registrado en diciembre, con 3249 causas. En cantidad de sentencias, en tanto, la media mensual fue de 760, con un máximo también en diciembre, con 1048 sentencias.
En la evolución interanual, tomando en consideración los últimos cinco años, 2021 marcó un récord en el dictado de sentencias. En efecto, el año que se cierra culmina con 8358, seguido en cantidad por el 2016 (7616 sentencias), 2017 (7401) y 2019 (7246).
En el mencionado quinquenio se fallaron un total de 93.878 causas. De ellas, 39.624 fueron sobre temas de seguridad social, seguidas por penal (16.650 causas) y administrativo (12.650 causas).
En cuanto a ingresos de nuevas causas a la Corte, fueron 15.717 en 2016; 14.798 en 2017; 28.004 en 2018, 23.618 en 2019; 15.242 en 2020 y 24.607 en 2021.
Los datos difundidos por el Centro de Información Judicial podrían limitarse al plano estadístico o, a lo sumo, destacarse como un indicador positiva. Pero, como suele pasar en el plano político-institucional en nuestro país, el contexto le otorga otros planos de significado. Y en este caso, vienen a coronar esa suerte de debate indirecto entablado entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, producido luego de que el presidente Alberto Fernández buscara justificar una eventual remodelación del tribunal en base a su supuesta ineficiencia y falta de celeridad.
"Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal", planteó el mandatario, al plantear objetivos de gestión para este año, y anunciar que impulsará el debate público para lograr "el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
La información emitida desde la Corte fue interpretada como una respuesta institucional y numérica al embate del Presidente, complementado de manera menos elegante por las declaraciones públicas del ministro de Justicia, Martín Soria, uno de cuyos principales roles parece ser el de embestir contra los integrantes del Tribunal. "En realidad acá no se responde a otro poder, sino que se fija posición propia", aclararon a El Litoral fuentes oficiosas de la propia Corte; lo cual no inhibe el cruzamiento de datos y su interpretación.
La cuestión había sido abordada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, al ser consultado sobre la eficiencia o falta de ella del cuerpo que encabeza. "En el 2021, resolvimos 8.300 expedientes que resuelven más de 21 mil causas. En pandemia tuvimos un promedio similar. Estamos al límite de nuestras posibilidades. Hay muchas causas que tienen 'hijos', como los llamamos acá adentro, es decir un expediente resuelve decenas de otras causas sobre todo en materia previsional".
En ese sentido, Rosatti no rechazó que se estudie la posibilidad de aumentar el número de miembros, aunque consideró que "deberíamos ser consultados". Pero concretamente sobre el tema de la eficiencia y la celeridad, argumentó que "se dice que para que la Corte funcione más rápido –no sé cómo se puede lograr más de 18 mil causas por año en promedio- hay que ampliar la cantidad de miembros. Yo no opino que haya que ampliar o no, digo que si se amplía la cantidad de miembros va a funcionar más despacio. Eso es inexorablemente así porque la cantidad de ministros es inversamente proporcional a la velocidad.
"Hoy, con cuatro ministros, cada expediente pasa por la secretaría especializada, las vocalías y hasta que no haya tres votos de consenso no sale. Siempre tienen que dar la vuelta por los cuatro o cinco vocalías de los ministros. Si tiene nueve miembros, la mayoría es cinco y tiene que dar la vuelta por los nueve. Es casi el doble de tiempo y es más complejo para conseguir mayorías", explicó.
De manera conexa, abordó la posibilidad (defendida incluso oportunamente por el ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni) de llevar el número de ministros a 9, como en la conformación menemista, y dividirlos en salas de 3. "Pero con la experiencia que tenemos, los abogados, ante un voto desfavorable en una sala civil, por ejemplo, van a pedir un voto en plenario. Con la cual, habrá otra instancia de apelación: el plenario. Después dicen que no es justo que tres personas, la mayoría de los cuatro de la Corte de hoy, determinen la suerte de una causa relevante. Ahora, si usted divide en salas de tres, la decisión la van a tomar dos. Al margen de que la mayoría de los constitucionalistas piensan que dividir la Corte en salas es inconstitucional".
La clave para el jurista santafesino es, en todo caso, "que lleguen menos causas a la Corte. Para eso cualquier reforma tiene que pensarse en términos de que los fallos de la Corte tengan obligatoriedad. Celebro que la AFIP y el ministerio público fiscal, hace pocas semanas, hayan decidido a partir del fallo 'Vidal' de la Corte y que tiene que ver la aplicación de la ley penal más benigna en temas tributarios, dejar de apelar en causas que son similares. En realidad, es el Estado –cualquiera sea el gobierno- sobre todo en temas previsionales, el que más carga de causas a la Corte.
"Debe comprenderse que cuando la Corte dicta un fallo sobre un tema y lo reitera sistemáticamente, no hay que volver más con esos planteos, sobre todo el Estado. El Estado, en los procesos jubilatorios, plantea siempre lo mismo sabiendo que va a perder. Lo hace para ganar tiempo", concluyó.
Qué diferencia existe entre sentencia y fallo
La sentencia es la resolución judicial que contiene la decisión del tribunal sobre la cuestión que se le ha encargado juzgar. En ocasiones, una única sentencia de la Corte resuelve más de una causa de las que tiene en trámite (por ejemplo, sentencia sobre ajuste de haberes previsionales, trabajadores del estado nacional a los que se les paga en negro un porcentaje de sus haberes), cada una de las cuales es un fallo. Por eso, su número es mucho mayor que el de sentencias.
En medio de la tensión con el Poder Judicial, distintos sectores del kirchnerismo comenzaron a promover a través de las redes sociales una movilización para el 1° de febrero contra la Corte Suprema de Justicia. La manifestación es alentada bajo la consigna #1FMarchamosALaCorte. La movilización está convocada para las 18 en la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria se difunde desde hace algunos días con distintas imágenes. Algunas de ellas llevan las leyendas "Somos argentinos con dignidad" y "basta de injusticia".