Piedecasas: "La sociedad había roto toda confianza con el juez Bento"

El Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación votó la destitución del juez federal de Mendoza, Walter Bento, por mal desempeño de sus funciones, falta al decoro en su función y por haber deshonrado a la justicia. En paralelo, la Justicia federal lo detuvo en el marco de una causa que lo investiga por los presunto delitos de coimas, enriquecimiento ilícito y acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero para beneficiar a presos. En la causa tenía un pedido de prisión preventiva que se activó. Sin fueros, el ex magistrado quedó preso en el subsuelo de la Unidad Carcelaria Federal 32 de la ciudad de Mendoza, en el mismo edificio donde estaba su despacho.

El caso es muy resonante en la zona de Cuyo. Hacía seis años que el Consejo de la Magistratura no destituía a un integrante del Poder Judicial. El último fue el camarista federal Eduardo Freiler.

La acusación en el Consejo fue llevada adelante por Miguel Piedecasas, presidente de la Comisión de Acusación y representante de los abogados, quien habló con El Litoral a los pocos minutos que una mayoría de 6 a 1 del jury firmó la remoción de Bento. El presidente del Tribunal, Javier de la Fuente votó por no hacer lugar a la remoción.

- ¿Cuáles son algunos de los fundamentos del Jurado para resolver la remoción?

- En sus fundamentos el Jurado de Enjuiciamiento determinó que Bento realizó diversas maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial; omitió declarar que era una persona políticamente expuesta y eludió el posterior embargo del inmueble; obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario destinado a vivienda única; omitió incluir en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los ejercicios 2005 hasta el 2020 (entre ellos los fondos con los que pagó decenas de viajes y cientos de días de estadía en el exterior); contravino la normativa aplicable a los concursos ante el Consejo de la Magistratura, a sabiendas de que no reunía las condiciones para concursar para otro cargo.

- ¿Cuánto tiempo demandó el proceso que terminó con la remoción?

- La denuncia fue efectuada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, el 5 de mayo de 2021. Se votó en la Comisión de Acusación el 17 de mayo de 2023 y en el plenario el 31 de mayo de 2023. Ayer el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento. La duración total fue de dos años y seis meses.

- Ya actuó en otros casos como acusador, ¿qué opinión le merece este caso y cuál es la reflexión final?

- La acusación que llevamos adelante con la diputada Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi, sostuvo que la sociedad estaba agobiada por esta situación; que se había roto toda confianza pública en el magistrado y que no se podía tolerar una constante actuación al margen de la ley. En base a estas consignas sostuvimos los cargos –que fueron de diversa índole y naturaleza- y logramos acreditar el mal desempeño que se le había imputado al magistrado. Los estándares de conducta que se exigen en el desempeño de la magistratura son muy altos y deben demostrarse dentro y fuera de la actividad jurisdiccional y hacen al decoro, la honestidad, imparcialidad, objetividad, austeridad republicana, que nunca pueden ser motivo de sospecha por parte de la ciudadanía. La magistratura está sujeta a un constante escrutinio público y no puede haber duda o sospecha alguna sobre su conducta o actuación.

El ahora ex juez federal de Mendoza Bento fue detenido en los tribunales federales de Mendoza donde se presentó cuando en simultáneo conoció la noticia que había sido destituido por mal desempeño en su cargo por el jurado de enjuiciamiento. Estará con prisión preventiva hasta finalizar el juicio que tramita en su contra. En este juicio oral que se tramita en Mendoza, está acusado de liderar una organización que beneficiaba a delincuentes a cambio de pagos ilegales. Además, "vendió un inmueble omitiendo declarar su calidad de persona políticamente expuesta y eludió el embargo de la medida cautelar preventiva que recayó al ser procesado" en la causa penal.

Bento está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba sumas de dinero por dictar medidas judiciales favorables a imputados, junto con otras 28 personas, entre ellas su esposa y un hijo. La acusación incluye también los presuntos delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

Según la imputación, "al menos desde el año 2007" Bento lideró una organización ilegal cuyo "propósito era obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía".

El tribunal rechazó una invocación de la defensa del ahora ex juez sobre las implicancias de su destitución en la continuidad del tratamiento de uno de sus hijos que sufre de una discapacidad.

Unos pocos casos

El Jurado de Enjuiciamiento dentro del Consejo de la Magistratura fue instituido a partir de la reforma constitucional de 1994. Lleva aproximadamente 25 años de funcionamiento efectivo. Durante ese lapso ha realizado 37 enjuiciamientos, de los cuáles resultaron 19 destituciones; 12 renuncias y 6 absoluciones. La primera destitución había sido la del ex juez de Santa Fe, Héctor Hermes Brusa (2000) y la última la del ex juez Freiler (2017).

Yo acuso

A la hora de justificar el pedido de remoción de Bento ante el jury, el acusador, Piedecasas, utilizó esta fundamentación:

"El magistrado ha incurrido en mal desempeño conforme los artículos 53 y 110 de la Constitución Nacional; no ha mantenido la idoneidad para el cargo, que exige el artículo 16 de la Carta Magna. Ha incurrido en graves desórdenes de conductas personales, y ha violado –en reiteradas oportunidades- normas legales y reglamentarias, conforme lo establece el artículo 25 de la ley 24.937. Ha violado la ley de ética pública, al no demostrar honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Ha recibido beneficios personales indebidos. Ha restringido información, privilegiando su interés particular por sobre el interés público. No se inhibió de intervenir en causas judiciales donde se encontraba comprometida su imparcialidad. Tuvo conductas reprochables, como concurrir a lugares destinados a juegos de azar, pese a estar expresamente prohibido para la magistratura. No ha justificado su incremento patrimonial, ni los gastos de viajes y estadías en el exterior; ni la tenencia de dinero, la realización y pago de mejoras en inmuebles y otros incumplimientos reprochables. Ha adoptado conductas respecto de sus ingresos, declaraciones juradas; confusiones de patrimonios; que hacen surgir enormes dudas sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial, encontrándose en muchos supuestos, absolutamente injustificados. No ha cumplido con los altos estándares de conducta que se requieren a los magistrados de nuestra Nación. Ante el escrutinio público ha exhibido conductas reprochables; de ostentación; falta de justificación de ingresos y gastos y un comportamiento que no se compadece con la dignidad de la función. Se encuentra quebrada la confianza pública en su persona para el ejercicio de la magistratura; habiendo actuado en innumerables situaciones al margen de la ley, por lo que le cabe la total responsabilidad política institucional de sus actos y hacen procedente su remoción".