El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, defendió el proyecto del Frente de Todos para reemplazar la ley 26.093 -sancionada en 2006 y prorrogada por el Ejecutivo por 60 días- para la promoción de biocombustibles. El funcionario ratificó el criterio de reducir -del 10 al 5%- el corte de biodiésel al gasoil en surtidores, impedir el acceso de nuevas empresas al sistema de cupos y dejar afuera a las grandes productoras, entre ellas 7 plantas multinacionales radicadas en Santa Fe.
Martínez habló ante un plenario conjunto de las comisiones de Energía y de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. “Es un muy buen proyecto en función de los objetivos que deberíamos poner arriba de la mesa”, insistió el funcionario nacional. “Se articula convenientemente la necesidad de desenvolvimiento del sector, su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos y la protección de Pymes y empresas no integradas, y el resguardo del bolsillo de los consumidores”.
Recordó que el proyecto establece el corte del gasoil con 5% de biodiésel en base a aceite de soja, “que puede ser aumentado si las condiciones del mercado y la demanda lo aconsejan”, aclaró. Explicó que se trata de “un mecanismo para amortiguar en surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja”, que impacta 1% en el surtidor por cada 10% de incremento en la tonelada de la oleaginosa.
Repasó además que la autoridad de aplicación tendría la facultad de incluso rebajar el corte al 3%. Y ratificó que la norma propuesta va por la “protección de las Pymes”. Dijo que “La redacción protege a las empresas no integradas habilitadas al momento, ya que éstas serán las que abastecerán el corte en función de sus capacidades con un límite máximo de 50 mil t” al año, lo que dejaría afuera a nuevas empresas y sólo beneficia a las firmas que ya forman parte del sistema de promoción vigente.
Sobre el corte con bioetanol en las naftas que se expenden en el país, señaló que “se determina un 12%” -igual al vigente- con 6% para las dos plantas tucumanas que lo producen a partir de la caña, y del 6% para las que lo hacen procesando el maíz, aunque a éstas últimas se les podría reducir la mitad de ese corte “como herramienta para amortiguar el impacto en surtidor”.
En el caso del maíz, cada 10% de incremento en los granos, impacta 0,6% en el surtidor. “El precio asociado en el surtidor lo pagan los consumidores y la economía argentina en general”, destacó el funcionario. “En los últimos meses, los precios internacionales de los granos han superado aumentos del 100%”, recordó.
Omitió sin embargo responder sobre costos a las petroleras o en subsidios a la producción hidrocarburífera, si el barril “se va a 120 dólares, como estaba en 2006 cuando se sancionó la ley 26.093”, según le recordó el radical Fabio Quetglas.
Una vez más Martínez destacó la discrecionalidad que el texto ofrece a la autoridad de aplicación (la propia secretaría a su cargo) para “elevar el corte en función del abastecimiento de demanda, balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y razones ambientales o técnicas”.
Tenés que leerEl Senado santafesino pide la ley de biocombustiblesEn líneas generales el funcionario nacional insistió en dejar fuera del esquema a las empresas “integradas”, aunque el texto tampoco admite el ingreso de nuevas Pymes. En la actualidad -repasó- hay 40 empresas productoras de biocombustibles en 10 provincias, que dan traajo directo e indirecto a 32500 personas.
En el caso del biodiésel, son 28 las 28 empresas que participan del régimen de promoción, 25 Pymes (50 mil t/año de límite). Hay dos plantas de etanol de caña y 6 productoras de bioetanol de maíz, de las cuales 3 no son controladas de manera directa o indirecta por empresas que desarrollan actividades vinculadas con la exportación, lo que dejaría a otras 3 fuera del nuevo esquema según el proyecto oficialista.
Anualmente las empresas de biodiésel que están en régimen, produjeron 1,2 millón de t en 2017; 1,1 en 2018; igual volúmen en 2019 y 0,5 en 2020, “producto de lo que pasó en el mundo”, con la caída del consumo de combustibles por la pandemia. En el caso del bioetanol de caña, las 2 empresas en régimen -siempre de acuerdo al informe de Martínez- 526 mil metros cúbicos en 2017, 500, 514 y 375 mil metros cúbicos en los años subsiguientes.