La flamante asunción de autoridades en el Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (Supa) de Puerto General San Martín puso punto final a dos largas historias en el Cordón Industrial del sur santafesino. Una, la de la hegemonía de Herme “Vino caliente” Juárez, que este año intentó mostrar signos de vitalidad pero cuya influencia quedó totalmente sepultada. La otra, la de la intervención del gobierno nacional en un ámbito exclusivo de los estibadores, que luego de dos años recuperaron sus entidades emblema: el gremio y la cooperativa.
El Supa quedó en cabeza de Anibal Cabrera y Marcelo Vergara, representantes de la agrupación Celeste y Blanca, que venció por 470 votos a 121 a la lista Verde, que contaba con el apoyo de Juárez. Cabrera y Vergara son dos trabajadores de extensa trayectoria en el sector y tendrán la difícil tarea de recomponer la fuerza de un sindicato que supo liderar en el Cordón, pero que hoy comparte influencia con otros que ganaron mucho peso, como aceiteros y recibidores, responsables de los últimos paros en la zona.
El desgaste del gremio portuario -y en paralelo, de la cooperativa- se gestó incluso antes del inicio de la intervención (que comenzó en agosto de 2019, tras la detención de Juárez). La normalización que operó a finales de 2021 terminó siendo el corolario de un proceso de desgaste comenzado durante la presidencia de Mauricio Macri, donde a través del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich -que hizo suyo el reclamo del lobby exportador-, se presionó para bajar las tarifas de estiba un 30%. Luego del arresto de “Vino caliente”, los interventores que lo reemplazaron en la Cooperativa de Trabajadores Portuarios pesificaron el servicio y ya nada volvió a ser como antes.
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Ahora se inicia una nueva etapa. Para José Castro, quien condujo la intervención del Supa durante la última etapa, la normalización significó “afianzar un pequeño eslabón dentro de la cadena productiva que genera las principales divisas al país”. El delegado aseveró cumplir la misión encomendada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien pidió asegurar la paz social en un área sensible. “No hay plan estratégico sin divisas. Y las divisas se generan aquí, en el corazón productivo de la Argentina, por donde sale el 50% de la producción agroexportadora”, acotó Castro.
Amén del cambio de ocupantes en Casa Rosada, hay una continuidad en el gobierno nacional respecto de la necesidad de llevar tranquilidad a las empresas que operan en el Cordón, una filosofía que comparten en el Ejecutivo santafesino. Prueba de ello es la rapidez con la que actuó el Ministerio de Trabajo provincial durante el último paro del gremio aceitero, efectuado a principios de noviembre, que paralizó sorpresivamente las plantas agroindustriales. No habían pasado muchas horas cuando se conoció la conciliación obligatoria firmada por el ministro Juan Pusineri.
La estrategia oficial va de la mano con su acercamiento a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), en particular en la figura de su titular Gustavo Idígoras, que terminó siendo un puente posible para arrimar posiciones con el sector agroindustrial, clave para la reactivación de la economía. Vale recordar que entre las PASO y las generales, el Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley agroindustrial, muy militado por CIARA-CEC durante los últimos meses.
“Lo mejor que le puede pasar al Supa es que sea conducido por los representantes de sus trabajadores. Nosotros descontamos que tendrán mucho éxito en la integración con las terminales portuarias y con las tres empresas prestadores de servicios”, aseveró Castro, profesional oriundo de Villa Constitución que gestionó la intervención desde junio de 2020.
La normalización del sindicato se dio dos meses después que pasara lo mismo en la cooperativa, donde asumió como presidente Ricardo Marco, quien había manifestado ante este medio que “no queremos que sigamos pasando lo que pasamos durante décadas”, a propósito del cambio que pretende imponer al otro bastión histórico de Juárez.
Respecto de los dos años de intervención, Marco había planteado que “fue un tiempo terrible. Veíamos el manejo y desastre que se hacía, y nosotros no podíamos hacer nada. Duele que te rompan tu casa y no poder hacer nada”. Según contó, entre 2019 y 2021 la entidad redujo fuertemente su participación en el mercado. De operar casi dos tercios del volumen total, hoy maneja apenas un 30%.