El Juzgado Federal N° 1 de Paraná, bajo la dirección del juez Daniel Alonso, ha decidido sobreseer a 43 productores ganaderos acusados de provocar intencionalmente incendios en las islas del Alto Delta del Río Paraná durante el año 2020.
La sentencia generó críticas desde sectores ambientalistas y volvió a poner en agenda la necesidad de una justicia ambiental especializada. El fiscal federal anticipó que apelará la medida.
El Juzgado Federal N° 1 de Paraná, bajo la dirección del juez Daniel Alonso, ha decidido sobreseer a 43 productores ganaderos acusados de provocar intencionalmente incendios en las islas del Alto Delta del Río Paraná durante el año 2020.
Esta resolución se basa en la falta de pruebas contundentes que vinculen a los imputados con los siniestros que afectaron gravemente a la ciudad de Rosario.
La causa se inició en marzo de 2020 a raíz de una denuncia presentada por la Municipalidad de Rosario, que señalaba a los productores como responsables de los incendios que, en plena pandemia y en un contexto de sequía, cubrieron la ciudad con densas columnas de humo.
Según el fallo judicial, "ante la ausencia de pruebas vehementes, se genera una duda insuperable respecto de su vinculación con la situación constatada".
De esta manera, se determinó que no existen elementos suficientes para sostener la acusación contra los productores.
El fiscal federal Claudio Kishimoto expresó su desacuerdo con la sentencia y anunció que presentará una apelación, argumentando que, aunque no se haya comprobado la intencionalidad, hubo una actitud negligente por parte de los propietarios al no prevenir ni denunciar actividades ilícitas en sus terrenos.
Por otro lado, Mauro Rodríguez, abogado defensor de algunos de los imputados y exdirector del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, calificó la sentencia como "impecable" y destacó que sus defendidos siempre colaboraron con las autoridades durante los incendios.
El fallo ha generado diversas reacciones en la comunidad. Organizaciones ambientalistas y especialistas jurídicos han manifestado su preocupación por la decisión judicial.
Franco Peruggino, representante del refugio MundoAparte, enfatizó la pérdida de miles de hectáreas y millones de vidas animales debido a los incendios, y cuestionó la falta de responsabilidad de los propietarios de las tierras afectadas.
Además, se ha puesto en debate la necesidad de crear un fuero ambiental especializado. Matías De Bueno, presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario, señaló que este fallo evidencia la urgencia de contar con una justicia ambiental tanto a nivel federal como provincial, para abordar de manera más efectiva este tipo de conflictos.
Mientras tanto, continúa vigente una causa en el fuero civil iniciada por la Asociación Civil Cuenca del Río Paraná, que busca la recomposición del daño ambiental y responsabiliza a los propietarios por las actividades degradantes en las islas, como la construcción de terraplenes y la modificación de cursos de agua.
La resolución del Juzgado Federal N° 1 de Paraná marca un hito en el proceso judicial relacionado con los incendios de 2020, pero deja abiertas interrogantes sobre la responsabilidad ambiental y la necesidad de mecanismos judiciales más adecuados para abordar estos casos en el futuro.
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