Estafas inmobiliarias: condenaron al martillero que integró las dos bandas
Es el segundo sentenciado de las organizaciones criminales que actuaron entre 2014 y 2024. Se investigan maniobras por cerca de un millón de dólares que dejaron cerca de un centenar de víctimas.
El martillero aceptó pagar a las víctimas una importante suma de dinero en dólares y pesos.
La justicia santafesina investiga múltiples estafas perpetradas -entre 2014 y 2024- por una cifra millonaria contra cerca de un centenar de víctimas de la ciudad de Santa Fe y alrededores. Este lunes fue condenado uno de los acusados, un martillero público de 45 años llamado Marcelo Parisse.
A este hombre se le impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional y, entre otras normas de conducta, la prohibición de contacto con las personas estafadas y los coimputados.
El juicio abreviado se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
A su vez, al condenado se le ordenó hacer reparaciones económicas por 11.239 dólares y 1.570.000 pesos que se repartirán entre las víctimas de seis defraudaciones.
También, tendrá que donar 4.000 dólares a cuatro entidades de bien público (cada una recibirá 1.000 dólares), y abonar una multa de 630.000 pesos. En concepto de costas, se le cobrarán 1.893.100 pesos.
La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini, en un juicio de procedimientos abreviados que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
El segundo
La fiscal que está a cargo de la investigación es Bárbara Ilera, quien refirió que "Parisse es el segundo condenado en el marco de esta investigación", y puntualizó que "la otra persona es Emiliano Lihuel Chacón, a quien se le impuso una pena similar a fines del mes pasado".
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) también indicó que "hay otras cinco personas investigadas que transitan el proceso judicial en prisión preventiva, entre quienes están los dos abogados sindicados como organizadores de las asociaciones ilícitas".
Ilera valoró que "una de las víctimas que se constituyó como querellante expresó a través de sus abogados que está de acuerdo con lo dispuesto", y agregó que "todas las personas que sufrieron los ilícitos fueron informadas sobre la condena impuesta a Parisse".
Sellos falsos
"A través de las estructuras delictivas, los condenados e imputados le daban apariencia legal a la venta de terrenos cuyos legítimos propietarios no los habían autorizado a ofertar, publicitar ni transferir", aseveró Ilera.
"Mediante engaños, estafaron a decenas de personas que tenían interés en adquirir lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes", detalló.
La fiscal que está a cargo de la investigación es Bárbara Ilera.
La fiscal sostuvo que "al igual que Chacón, Parisse primero integró una asociación ilícita que era dirigida por uno de los abogados imputados y, tras una subdivisión en 2021, pasó a formar parte de una nueva organización, bajo las directivas del otro abogado investigado". En tal sentido, planteó que "ambos grupos cometieron defraudaciones con el mismo modus operandi".
"Las bandas delictivas ofertaban lotes por medios físicos y digitales y convocaban a potenciales clientes a sedes comerciales en las que les mostraban planos y documentos relativos a los inmuebles y les proponían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado", relató.
"Las oficinas estaban ubicadas en la capital provincial, en Seguí al 1.700; 4 de Enero al 1.000; boulevard Pellegrini al 2.800; Juan de Garay al 2.900; 9 de Julio al 1.200; Hipólito Irigoyen al 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del puerto", enumeró.
Asimismo, señaló que "las asociaciones ilícitas falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos e insertaban declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes".
"Parisse aportaba sellos apócrifos para simular documentos oficiales, sellados bancarios, fechas antedatadas y gestiones de empresas inmobiliarias que al momento de los ilícitos no giraban comercialmente", precisó la fiscal.
"Incluso contaban con sellos de empleados de la sección de certificaciones del Registro de la Propiedad provincial que usaban para emitir informes de dominio falsos", destacó.
Ilera aseguró que "una vez que las víctimas accedían a concretar los negocios, los abogados que estaban al frente de las organizaciones criminales presentaban los documentos falsificados en los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe, con el fin de iniciar juicios ordinarios o de escrituración".
Al respecto, subrayó que "de esa forma, engañaron a diferentes magistrados y lograron que revistieran de legalidad las maniobras delictivas".
"Por su parte, numerosas personas les pagaron a los integrantes de las asociaciones ilícitas por terrenos que finalmente no pudieron obtener", manifestó. "Entregaron dinero en moneda nacional y extranjera, así como automóviles, camionetas y motocicletas", añadió.
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