La Justicia penal santafesina le dio una segunda oportunidad a un joven adicto a las drogas que, la semana pasada, protagonizó un hecho violento contra su expareja, a la que tenía prohibido acercarse por una medida judicial de mediados de año.
"Tiene la oportunidad de no ir preso para hacer el tratamiento", le advirtió la jueza Susana Luna. El destinatario: un joven de 27 años, también acusado de violar una prohibición de contacto de mediados de año.
La Justicia penal santafesina le dio una segunda oportunidad a un joven adicto a las drogas que, la semana pasada, protagonizó un hecho violento contra su expareja, a la que tenía prohibido acercarse por una medida judicial de mediados de año.
El ataque se consumó el miércoles 2 de noviembre, en horas de la tarde, en la ciudad de Santo Tomé, cuando Luis Claudio Gabriel B. de 27 años, atacó a Micaela C. con un tenedor, con el cual terminó pinchándola en su muñeca derecha. Afortunadamente las lesiones fueron de carácter leve, pero ello, sumado a una desobediencia de mandato judicial firmada en julio, lo llevaron una vez más tras las rejas.
Efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) lo arrestaron en inmediaciones de las calles Lisandro de la Torre y 1° de Mayo y lo trasladaron hasta la Comisaría 12° de Santo Tomé, donde quedó alojado en averiguación del hecho.
La detención fue ordenada en las horas siguientes por el fiscal Esteban Morales, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), quien en vísperas del fin de semana lo imputó como autor de "lesiones dolosas leves, agravadas por el vínculo y por haber sido perpetradas por un hombre mediando violencia de género".
Además, le atribuyó el delito de "desobediencia al mandato judicial" del 5 de julio de 2022 que le prohibía acercarse a la víctima a un radio no menor de 500 metros, así como el contacto por medios electrónicos o redes sociales.
Además, el Dr. Morales solicitó fecha para el tratamiento de la medida cautelar, la cual se fijó para este lunes por la mañana y la audiencia estuvo dirigida por la jueza de la IPP, Susana Luna.
Lejos de insistir con la privación de la libertad, el fiscal Morales y el abogado del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Mario Guedes, acordaron la libertad bajo alternativas para el imputado.
Las partes pudieron oír a la víctima, que priorizó la salud del imputado que se comprometió a cumplir con un tratamiento para alejarse de las drogas. Para llevarlo a cabo tendrá que mudarse a la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba.
El compromiso para la internación fue asumido por la madre y la abuela del implicado, las cuales fueron propuestas por la defensa como guardadoras y aseguraron que el muchacho viajará a la vecina provincia este martes por la madrugada, donde existen tratativas para ingresar al tratamiento.
Una vez que fiscalía y defensa ratificaron el acuerdo, fue la jueza la que fijó las pautas que el acusado deberá cumplir a los fines de estar a derecho. "No va a poder ingresar a Santa Fe, ni acercarse a la víctima por lo que dure el tratamiento" -estimado en 18 meses-, dijo la Dra. Luna.
Asimismo, como víctima y victimario tienen tres hijos menores de edad en común, la jueza ordenó "la intervención de la Subsecretaría de la Niñez para el control" y garantía del contacto familiar.
En tanto, se dirigió directo a Lucas B. para advertirle que "no estamos justificando el acto violento contra su expareja. Esta causa sigue adelante. Tiene la oportunidad de no ir preso para hacer el tratamiento. Y si no cumple quedará inmediatamente detenido".
Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.