Este viernes se admitieron dos acuerdos de juicio abreviado que condenan a los asesinos del suboficial de policía Pablo Cejas, que falleció de múltiples disparos la noche del lunes 17 de julio de 2017 en barrio Yapeyú. Maximiliano Daniel Banega (23) y Jesus Nahuel Almada (24) aceptaron la pena de 14 y 15 años de prisión, respectivamente, por el “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”. “La Justicia me dejó un gusto amargo”, declaró la viuda de Cejas al finalizar el acto.
El tribunal que dirigió la audiencia estuvo compuesto por los jueces José Luis García Troiano -presidente-, Sandra Valenti y Rodolfo Mingarini. Ante ellos Nancy, la viuda de Cejas, expresó su disconformidad con la manera en la que se investigó la muerte de su esposo y con el escrito presentado, asegurando que solo prestó su consentimiento por su familia: “Ellos no están bien, si no yo no hubiera parado”. Al abreviado se llega luego de tres años de investigación y con la acusación ya presentada, en la que se solicitaba la pena de prisión perpetua. Sin embargo, los imputados terminaron acordando una pena menor, que en el caso de Almada es un año mayor a la de su cómplice porque incluye seis hechos delictivos que cometió antes de asesinar al suboficial.
Acompañando a la viuda estuvieron las Dras. Vivian Galeano y Laura Gerard, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que la representaron cuando decidió volverse querellante en la causa.
También participaron los representantes del Ministerio Público de la Acusación, Martín Torres y Andrés Marchi, la defensora pública Andrea Alberto por Almada y el abogado particular Guillermo Broggi por Banega.
El 17 de julio de 2017 alrededor de las 22.30 Pablo Cejas estaba en inmediaciones de calle Neuquén al 6400 discutiendo con un grupo de jóvenes. El motivo era el homicidio de Walter Maximiliano ‘Bahiano’ Gómez”, ocurrido el 11 de junio de ese año. En medio del intercambio, Banega se le acercó desde atrás y, sin que el suboficial se percatara de su presencia, le efectuó un disparo en el cuello. Cejas se desvaneció y calló al suelo, pero el atacante continuó gatillando.
Mientras esto sucedía, Almada tomó el arma reglamentaria de la víctima y comenzó a dispararle también. El policía falleció en el lugar. Luego, los asesinos trasladaron el cuerpo hasta un descampado y lo colocaron en un tacho, pero antes de que pudieran prenderle fuego divisaron un móvil policial que patrullaba por la zona y decidieron darse a la fuga, dejando atrás el cadáver del policía con más de 20 heridas de arma de fuego. Un mes más tarde, los dos imputados ya estaban en prisión preventiva, uno alojado en el penal de Coronda y otro en Las Flores. Desde allí aceptaron su culpabilidad por el “homicidio calificado por el uso de arma de fuego” de Cejas, tres años más tarde.
A la causa “prácticamente la investigué yo y lo que tenía les traía”, aseguró conmocionada la viuda del policía. Con este acuerdo “es una causa de papeles que se cierra. A esto yo no lo cierro más en mi vida, ni el dolor. Yo creo que Pablo de alguna forma me debe estar diciendo ‘Nancy basta’, y bueno, basta”, concluyó.
El suboficial Pablo Cejas fue noticia por primera vez en la ciudad, a principios de junio de 2015, luego de que atentaran contra su vida. Él no dudó en vincular el incidente con recientes denuncias que había hecho contra sus superiores, a los que acusó de brindar protección a narcotraficantes.
“Estoy cansado de ver cómo algunos jefes cambian autos, casas. Yo heredé la vivienda de mi viejo, tengo tres hijos, el mes que viene voy a ser abuelo de una nena”, dijo el uniformado un día después de que le dispararon. En esa oportunidad, en Monte Vera, salvó su vida porque uno de los proyectiles que sicarios le tiraron impactó en su chaleco balístico y el otro se desvió por el casco y rodeó su cabeza sin tocarla.
La noche del sábado 16 de julio de 2016, Cejas se parapetó frente a un restaurante en la rotonda de Guadalupe, en la zona sureste de la ciudad. Hizo siete disparos al aire y amenazó con quitarse la vida. Mientras, lanzó reproches a sus jefes y a las autoridades políticas. Finalmente, fue reducido por agentes del GOE y trasladado a un centro de salud.