“De no producirse” los aumentos establecidos en el Presupuesto nacional, “el año terminaría con una cuenta de subsidios cercana a los U$ S 10.000 millones, una dinámica ya observada en el año 2011 y que nos pone a las puertas de una segunda ola de subsidios, pero sin recursos para financiarla”.
La advertencia pertenece a un informe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. El análisis firmado por Alejandro Einstoss y Julian Rojo recuerda que el presupuesto tenía implícitos aumentos de tarifas del orden del 35% para poder cumplir con las metas fiscales.
“Sin dudas una meta ambiciosa pero que fue aprobada en el Congreso de la Nación por unanimidad, incluso por la coalición de gobierno”, señalan los autores, en implícito contraste con la decisión del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, quien se negó a convalidar esos incrementos según lo disponía el ministro de Economía, Martín Guzmán. El cuadro del Instituto Patria ganó la pulseada.
El documento del IAE señala que “los subsidios energéticos muestran una dinámica preocupante, con una variación interanual del 50% en dólares. El aumento en la tarifa eléctrica y el previsto para el gas natural no reducen subsidios, ya que solo recomponen márgenes de las empresas de servicios cuyas tarifas estaban congeladas desde hace 24 meses.
“Aún con estos aumentos -exponen- el atraso tarifario para transporte y distribución de gas y electricidad es superior al 80%”. La referencia, vale recordarlo, concentra esas ayudas nacionales en el Amba, con financiamiento de contribuyentes de todo el país que sin embargo afrontan incrementos superiores sobre tarifas más caras”.
Sugieren Einstoss y Rojo que “finalizar con un congelamiento tarifario es también prioritario, ya que no solo implica subsidios ‘pro rico' -en palabras del ministro de Economía -, sino que lleva al colapso a la cadena de pagos del sector en su conjunto”.
Advierten que “para volver a alinear el gasto en subsidios con las proyecciones del presupuesto nacional son necesarios aumentos del orden del 20% en la tarifa final de gas y electricidad, que implican aumentar los precios de la energía un 40% en promedio que permitirían recomponer parcialmente los niveles de cobertura previos al inicio de la pandemia”.
De la polémica con su subalterno, Guzmán se llevó un respaldo del presidente Alberto Fernández y una derrota política y económica, porque se impuso la tarifa del representante del cristinismo en el “loteado” gobierno nacional.
Quedó flotando la idea de la “segmentación” para favorecer a los sectores más vulnerables. Pero irrumpió esta semana en el escenario un proyecto de ley que favorece a esos sectores en materia de tarifas de gas, sólo si viven en 54 distritos de Buenos Aires, o bien en Cuyo y Salta, porque allí hace mucho frío.
La disección geográfica parece menos supeditada a un climograma montado sobre el mapa, que a un criterio de conveniencia electoral. El texto fue impulsado por Máximo Kirchner -aspira a presidir el PJ bonaerense- Sergi Massa y María Fernanda Raverta, la titular de la Anses. Es cierto que se favorece en la iniciativa a los jubilados de los distritos mencionados, también que Raverta es un nombre puesto parta la lista de candidatos a diputado nacional del Frente de Todos en Buenos Aires
En el informe del Instituto Mosconi, los autores indican que la segmentación de tarifas demandaría “la reforma del marco normativo vigente” pero usando “el instrumento disponible, la tarifa social federal que se constituye como un mecanismo de subsidios focalizados a la demanda en base criterios socioeconómicos”.