El 12 de marzo de 2025, una manifestación en la zona del Congreso Nacional derivó en violentos enfrentamientos que dejaron varios heridos y daños materiales significativos. El Ministerio de Seguridad Nacional emitió la Resolución 357/2025 con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables de estos hechos.
Identificar a los responsables
El Gobierno ofrece una recompensa para que brinden datos sobre los graves incidentes en el Congreso
El Ministerio de Seguridad de la Nación considera estos hechos como una amenaza a la seguridad nacional e instruyo a las fuerzas federales a colaborar en la identificación de los autores.
El objetivo es identificar y sancionar a los responsables de estos hechos. 10:18
Detalles de la resolución
La resolución, publicada el 19 de marzo de 2025 en el Boletín Oficial, destaca que grupos organizados, incluyendo "barras bravas" de distintas parcialidades futbolísticas, se infiltraron en una manifestación de jubilados para promover disturbios con fines desestabilizadores.
Estos grupos agredieron a las fuerzas de seguridad con piedras, armas blancas y de fuego, incendiaron vehículos policiales y causaron lesiones a más de una docena de efectivos. Las acciones fueron calificadas como sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática.
Medidas adoptadas y futuras acciones
El Ministerio de Seguridad Nacional considera estos hechos como una amenaza a la seguridad nacional y ha instruido a las fuerzas federales a colaborar en la identificación de los autores. Se enfatiza la necesidad de garantizar el orden público y la estabilidad institucional, previniendo actos que atenten contra el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Además, se advierte que, de registrarse nuevas manifestaciones violentas, el Poder Ejecutivo Nacional podría adoptar medidas similares para preservar la paz social.
La resolución subraya la importancia de una respuesta rápida y contundente del Estado para sancionar estos delitos y proteger a la ciudadanía. Se evalúa la posibilidad de ampliar las medidas actuales para reforzar las acciones de identificación, sanción y prevención de este tipo de delitos.
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